Desplazamiento Judicial.
Parece que todo el dolor, sufrimiento, menosprecio, desatención por parte de las autoridades de Colombia para las víctimas del conflicto armado en el municipio de Briceño sigue reinante, a pesar de que en esta localidad se encuentra operando la primera misión internacional del desminado humanitario, como ejemplo de respeto a las normas internacionales y la dignidad de las personas.
El pasado sábado 17 de octubre de 2015, citaron a los habitantes de todas la veredas de este sufrido territorio a una reunión en la famosa vereda el Orejon, a más de 4 horas de camino de la cabecera municipal, por una carreteras en pésimas condiciones, con el objetivo de atender e incluir en el registro único de víctimas, a todas aquellas que han sufrido el rigor de la guerra.
Pero vaya sorpresa con las que se encontraron más de 700 campesinos, después de haber gastado la gran mayoría más de $60 mil pesos de sus propio peculio en pasajes, lo que hubo fue una total ausencia del Estado Colombiano, ni siquiera las autoridades locales se hicieron presente, solo un valiente concejal que reclamaba la atención de todos los campesinos del municipio y dos funcionarios sin poder decisión de la Defensoría del Pueblo, dieron la cara para remediar, orientar, ese sentimiento de frustración e impotencia de los que ejercen la difícil tarea de cultivar en el campo.
Indignación, rabia, impotencia e ira, era todo el sentimiento y denuncias que recolectábamos los abogados que hacemos parte de la Mesa de Derechos del Valle de Aburra.
Los falsos positivos era uno de los temas principales, la judicialización de campesino, ellos reclamaban la presencia del Estado para que escuchen son clamores, porque ya no son las bombas, las minas antipersonales, las desapariciones forzosas, los desplazamientos, la muerte lo que los desvelan, sino la terrible estigmatización y persecución del aparato judicial, investigativo y militar que se tienen con el campesinado de esta región; que no solo se tienen que enfrentar a los grupos opuestos en las hostilidades, sino a los falsas denuncias, a las falsas imputaciones criminales, a los falsos desmovilizados, a las falsas políticas de cultivos ilegales, entre otros.
Con esta judicialización del campesinado, visualizo una nueva estrategia de guerra institucional, un macabro plan de infundir miedo, terror y poder, es decir, una estrategia de inseguridad jurídica, para el desplazamiento y la apropiación de la tierra, en aras al beneficio de grandes capitales y proyectos en la zona, son cientos de personas los que se están viendo afectadas por estas prácticas injustas e ilegales, y este drama humano aumenta por la falta de defensa técnica que tienen los implicados, que ha llevado a unos resultados triunfantes y positivos para el ente investigador, y acrecentar más el drama humano y las víctimas del conflicto.
Parece que todo el dolor, sufrimiento, menosprecio, desatención por parte de las autoridades de Colombia para las víctimas del conflicto armado en el municipio de Briceño sigue reinante, a pesar de que en esta localidad se encuentra operando la primera misión internacional del desminado humanitario, como ejemplo de respeto a las normas internacionales y la dignidad de las personas.
El pasado sábado 17 de octubre de 2015, citaron a los habitantes de todas la veredas de este sufrido territorio a una reunión en la famosa vereda el Orejon, a más de 4 horas de camino de la cabecera municipal, por una carreteras en pésimas condiciones, con el objetivo de atender e incluir en el registro único de víctimas, a todas aquellas que han sufrido el rigor de la guerra.
Pero vaya sorpresa con las que se encontraron más de 700 campesinos, después de haber gastado la gran mayoría más de $60 mil pesos de sus propio peculio en pasajes, lo que hubo fue una total ausencia del Estado Colombiano, ni siquiera las autoridades locales se hicieron presente, solo un valiente concejal que reclamaba la atención de todos los campesinos del municipio y dos funcionarios sin poder decisión de la Defensoría del Pueblo, dieron la cara para remediar, orientar, ese sentimiento de frustración e impotencia de los que ejercen la difícil tarea de cultivar en el campo.
Indignación, rabia, impotencia e ira, era todo el sentimiento y denuncias que recolectábamos los abogados que hacemos parte de la Mesa de Derechos del Valle de Aburra.
Los falsos positivos era uno de los temas principales, la judicialización de campesino, ellos reclamaban la presencia del Estado para que escuchen son clamores, porque ya no son las bombas, las minas antipersonales, las desapariciones forzosas, los desplazamientos, la muerte lo que los desvelan, sino la terrible estigmatización y persecución del aparato judicial, investigativo y militar que se tienen con el campesinado de esta región; que no solo se tienen que enfrentar a los grupos opuestos en las hostilidades, sino a los falsas denuncias, a las falsas imputaciones criminales, a los falsos desmovilizados, a las falsas políticas de cultivos ilegales, entre otros.
Con esta judicialización del campesinado, visualizo una nueva estrategia de guerra institucional, un macabro plan de infundir miedo, terror y poder, es decir, una estrategia de inseguridad jurídica, para el desplazamiento y la apropiación de la tierra, en aras al beneficio de grandes capitales y proyectos en la zona, son cientos de personas los que se están viendo afectadas por estas prácticas injustas e ilegales, y este drama humano aumenta por la falta de defensa técnica que tienen los implicados, que ha llevado a unos resultados triunfantes y positivos para el ente investigador, y acrecentar más el drama humano y las víctimas del conflicto.
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