Comunicado de los habitantes de Briceño a la Opinión Pública
Noviembre 21 de 2015
Se comunica a la comunidad nacional e internacional que nosotros los campesinos habitantes del municipio de Briceño, donde se realiza la primera Misión Internacional de Desminado Humanitario en Colombia, especialmente en la vereda el Orejón y el Alto del Chiri, venimos siendo objeto de criminalización, persecución y judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.
Igualmente se informa que somos injustamente calificados, señalados y estigmatizados como subversivos, terroristas y narcotraficantes pertenecientes a las FARC, por el solo hecho de nacer, vivir o ejercer alguna actividad en favor del bien común, ya sea como líderes comunales, sociales, o aspirar a pertenecer algún cargo de elección popular en esta zona, que ha sido tan perjudicada por el conflicto armado.
El pasado 25 de octubre de 2015 se realizaron las elecciones locales y regionales en nuestro país sin ninguna alteración de orden público, y en el trascurrir de dicho evento en la vereda el Alto de Chiri, un reconocido campesino de la zona y líder social, después de haber ejercido su derecho al voto, fue abordado por funcionarios del ejército y la fiscalía para hacer efectiva una orden de captura promovida por la Fiscalía 38 Especializada Contra el Terrorismo.
Nosotros los campesinos de la región, rechazamos, de forma contundente y vehemente, esta forma de persecución y desplazamiento judicial, y nos opusimos a que fuera llevada de forma positiva esta captura por considerarla abiertamente injusta, ya que nuestro compañero, amigo, y campesino no ejerce ninguna actividad criminal, ni pertenece a ninguna organización al margen de la ley, por el contrario, es respetuoso de la institucionalidad y el orden constitucional, muestra de eso es que al momento de los hechos él estaba ejerciendo el derecho al voto y además es un ejemplo de vida.
Solicitamos al Fiscal General de la Nación, en compañía del Ministerio Publico, revisar las motivaciones y los elementos probatorios, que dieron origen a esta orden de captura y a las órdenes que están en curso de ser materializadas, solicitadas por la Fiscalía 38 Especializada Contra el Terrorismo, ya que carecen de verdad, rigurosidad científica probatoria, y están alejadas de la realidad, e igualmente examinar los procesos que se están llevando a cabo a todos los campesinos que han sido capturados en esta zona, por los delitos de rebelión.
Demandamos del Presidente de la Republica, revisar la política de desmovilización armada, ya que hay personas inescrupulosas que en el afán de recibir los beneficios económicos que ofrece este programa, corren a denunciar a personas que nada tienen que ver con la actividad criminal, produciendo falsos testimonios, falsos desmovilizados, y falsos positivos judiciales.
Exigimos de los abogados de la Defensoría Pública, designados para estos casos como de los abogados contractuales, que no permitan más preacuerdos judiciales como mecanismos de defensa, ya que nosotros los campesinos investigados, acusados, o sancionados somos en la gran mayoría personas inocentes y acudimos a esta herramienta como la mejor vía para la obtención de la libertad.
Exhortamos la presencia del Ministerio Público en las audiencias que se realicen a petición de la Fiscalía Especializada Contra el Terrorismo, frente a los campesinos de Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango, para que se ahonden en las garantías procesales y se investiguen las conductas de los funcionarios públicos asignados a las averiguaciones.
Requerimos al Fiscal General de la Nación, para que designe otro funcionario diferente al Fiscal 38 Especializada Contra el Terrorismo, que viene impulsando los procesos por los delitos de rebelión y terrorismo y su equipo investigador, por los enormes errores en sus apreciaciones que los llevan a deducciones incorrectas, dando así vida a una política macabra de desplazamiento judicial, el cual causa enormes daños a los fines constitucionales y especialmente a la institución más importante de una sociedad como es la familia. Esto conlleva a la deslegitimación de las acciones del Estado Colombiano y a que la anhelada paz no se pueda concretar.
Con Copia: Presidente de la Republica de Colombia
Negociadores de la Habana Cuba
Naciones Unidas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fiscal General de la Nación
Procurador General
Defensor del Pueblo
Consejo Superior de la Judicatura
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