Los vendedores ambulantes son
considerados por las administraciones municipales como una problemática que
afecta el espacio público, los gobernantes se olvidan que ellos tienen también un
papel en la construcción de ciudad y son la solución a muchas de las falencias de
las políticas públicas impuestas por las diferentes instituciones del Estado.
Esta situación jurídico política, adquiere
una mayor relevancia cuando se analizan y se comparan los índices de desempleo en
las ciudades, su afectación en la vida cotidiana, en la economía, la seguridad
y la convivencia ciudadana de todos nosotros los colombianos.
El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (Dane) determino que en el país en el año 2017 la tasa de
desempleo fue de 9,3%, pero la situación de la ciudad de Medellín en la
administración de Federico Gutiérrez refleja un panorama más angustioso, pues, para
el año 2016 la tasa de desempleo era de dos dígitos negativos alcanzando la
cifra de 10.3, comprada para el año 2017 la cifra subió casi un digito más, es
decir, 11.3, un horizonte desalentador.
Esta labor noble y humana calificada
como informal, encontró las puertas cerradas en el régimen imperante, que los
excluyó y los marginó. Ellos se han puesto a trabajar fuera del sistema, desconocido
la legitimidad de las leyes, de sus dirigentes y sus mandatarios, y al hacerlo
son sancionados con desalojos por el cartel mafiosos en alianza y complicidad con
la Alcaldía de Medellín. Que hoy son presentados como venteros regulados y no
regulados por la mafia corrupta de la ciudad.
Toda la alianza criminal es concertada
y planificada desde el piso 5 del centro comercial El Palacio, por ahí desfilan
toda clase de funcionarios y personajes con las intenciones más dañosas y
mezquinas que puedan existir. En ese espacio se dirigen las políticas de inclusión
o exclusión de venteros ambulantes, ese es el punto estratégico donde se
administra y se reparten el espacio Público del centro de la ciudad de Medellín,
hecho de público conocimiento, conocido sumamente bien por el señor Federico Gutiérrez
al que se le ha informado, pero él omite investigar toda clase de denuncia.
Esta alianza estratégica se acompaña para
la toma de decisiones, por una organización que revestida de legalidad agrupa a
unos 1.700 venteros ambulantes, que pagan la suma de $5.000 mil pesos semanales
por una supuesta administración (en otras palabras como se dice popularmente
una vacuna) y, esto representa $34 millones al mes, $408 millones anuales. Por la obtención de un
espacio público, o caseta, el precio puede oscilar entre $300 mil pesos a $1.5
millones, dependiendo su avaluó, la
calle, la carrera, el flujo de peatones y el producto a vender (hay productos que
tienen preferencia y espacios o casetas que son arrendados). Se calculan que
son alrededor de 25 mil venteros informales en la comuna 10.
Dentro de la administración municipal,
el Espacio Público es otorgado al partido político de la U (partido que ocupa
el primer puesto en actos de corrupción en el país), que estratégicamente ubica
una ficha clave en el puesto de inspector de espacio público, quien es el que
otorga el concepto positivo de ubicación, de preferencia, al ventero informal que
pago (o en otros casos a un particular que puede comprar puestos y contratar
trabajadores sin las garantías legales) venteros que fueron referenciados por la organización que los
agrupa, y como una segunda exigencia y aprovechando su necesidad o interés le exige
la militancia y el voto para el partido político
que ello digan.
Pero para el control total del
organigrama criminoso y corrupto, de los intereses económicos, cumplir con los
compromisos pactados y pagados, la administración municipal contrata figuras en
los puestos claves de regulación de los venteros ambulantes de espacio públicos
y contrata familiares y amigos cercanos al Inspector de Espacio Público todos
pupilos (hijos) que manejaba muy bien este negocio corrupto.
Y para los que no están afiliados a este
negocio corrupto y criminal, los venteros no regulados, ellos que son libres y
revolucionarios al sistema, el castigo es la exclusión, la persecución, la incautación
de los productos, las sanciones pecuniarias, la calificación de criminales y
por último el desalojo forzado.
Todas estas líneas de denuncia son
dedicadas a los venteros informales desalojados injustamente por la administración de Federico Gutiérrez, y
aquellos defensores de derechos humanos que han tenido el valor de denunciar,
cumpliendo con su misión de velar por la protección de la población más
vulnerable en esta relación social, con la esperanza que las autoridades competentes
investiguen y sancionen estos actos de corrupción.
Por falta de garantías de seguridad
se hace esta denuncia como anónimo, pero se informa que en la investigación realizada
arroja nombre, y se identifican personas de forma concreta.
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