Panorama nada halagador
para los derechos humanos hoy sometidos a la burocracia,
Con el estatuto de seguridad decretado por el gobierno del
presidente Turbay, se dio rienda suelta a una cultura de violaciones a los
derechos humanos. Este polémico decreto 1923 de 1978, norma que en su momento
fue criticado por organismos y defensores de derechos humanos, por las posturas
férreas del gobierno de no reconocer derechos fundamentales, por el exceso del
poder de la fuerza pública y la aquiescencia de ciertos delitos como era el
narcotráfico.
Estatuto que se convirtió en toda una Doctrina de Seguridad
Nacional; cuya postulación consideraba toda una amenaza para el fortalecimiento
del Estado, a cualquier persona crítica u opositora del decreto.
En medio de esa presión dogmática y jurídica, las violaciones
y muerte de los embajadores de los derechos humanos fueron aumentando,
violencia que fue producto de una acción
intencional que se enmarca en estrategias militares de sometimiento y miedo y
se consolidan sobre macabras alianzas políticas, económicas y sociales.
Violencia está que es difícil de medir en la historia del
conflicto colombiano, por múltiples factores a saber: a) recolección de
información, b) visibilización del defensor, c) la estigmatización y d) el
reconocimiento del liderazgo de los abanderados en la defensa promoción,
protección y prevención de los DDHH.
Esta tiniebla de impunidad, y las atrocidades de la
violencia contra los defensores de derechos humanos, tuvieron un primer llamado
internacional en el año de 1984, luego de 15 años de discusión, se concretó por
la comunidad internacional la Declaración sobre los Defensores de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, por medio de la
Resolución 53/144.
Pero la humanidad y Colombia tuvo que perder grandes
personajes para que se concretara esta normatividad, tenemos el caso de Héctor
Abad que presidió el Comité de DDHH. de Antioquia. asesinado en el año 1987, Pedro Luis Valencia, médico y
Senador por la UP. en el año 1987, Leonardo Betancur, alumno
de Abad y Luis Fernando Vélez.
Abogado en 1987, Jesús María.
Valle. Abogado y activista de DDHH. en el año 1998, Jaime Hernando Garzón Forero abogado en 1999.
Hoy las cifras de asesinatos de líderes y defensores de
derechos humanos varían de una organización a otra pero lo cierto del caso es
que van en aumento.
Según la Defensoría del Pueblo registra más de 282 asesinatos,
en 2016 ocurrieron 134 homicidios; para 2017 fueron 126 y en lo trascurrido del
año sean presentado más de 22 casos. En el gobierno de Juan Manuel Santos en
los 8 años que finalizan en agosto, van 532, contrario a las cifras de los
actores armados que paso a un registro de cero para el año 2017.
Líderes que en su gran mayoría son rurales y que tratan de
visibilizar otros conflictos en los territorios donde se afecta el medio
ambiente y la lucha por los recursos naturales (minería y agua) y que se
convierten en una piedra en el zapato de los que detectan el poder real, pues
ven en estos activistas sus más enconados enemigos para la búsqueda de sus
intereses particulares.
Aunado a esto, las políticas públicas diseñadas para la
seguridad y protección a la labor de los defensores de derechos humanos están delineadas
para los que habitan el territorio urbano y a la fragilidad de los valores
éticos y sociales.
Para los que detectan el poder real económico y político,
esta situación es evidente, por lo cual se plantea el plan macabro de reclutar
los derechos humanos y llevarlos a la mesa de la burocracia y el mercantilismo,
situaciones que se refleja en el silencio de la denuncia y confort de sus
intereses.
Hoy tenemos ad portas una ley de sometimiento que entro a revisión de la Corte Constitucional para lo de su competencia, y unas políticas
públicas de seguridad más férreas que las presentadas y vividas en los 80´s,
conllevando esto indiscutiblemente a un aumento de la violencia en nuestros
territorios, con una causa fundamental que la alimenta la violencias y las organizaciones al margen de la ley, cual es la corrupción en las instituciones y el reclutamiento burocrático de los Derechos Humanos, es
decir tenemos un Estado más maquiavélico y fortaleciendo su actividad populista
punitiva, nada halagador para la paz en nuestros territorios y el futuro de nuestras generaciones.
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