La Directiva Ministerial 029 de 2005,
desarrollo La política pública del pago de recompensas por capturas, o
abatimiento en combate de cualquier miembro que hagan parte de las
organizaciones al margen de la ley.
Está orientación ha sido calamitosa tanto para
los derechos humanos fundamentales a la vida y la libertad, como para el
incremento de la corrupción, y la legitimidad a las instituciones democráticas, donde
perdió respeto fuerza pública, fiscalía, rama ejecutiva y jueces
En Colombia se conocen el resultado de esta
política pública como falsos positivos, tanto a las ejecuciones extrajudiciales,
como los falsos testimonios.
La JEP reporto que son 6402 de los ejecutados
extrajudicialmente en todo el país.
Mientras que en la ciudad de Medellín durante
los periodos 2016 – 2020, fue más cruel, e inhumana la implementación de esta
directiva en el tema de las recompensas de los falsos testigos, reportes de sus
protagonistas indican que entre 1500 y 2500 fueron capturados.
Mientras que las personas en su mayoría jóvenes
vulnerables fueron instrumentalizado por los organismos de inteligencia y la
Fiscalía General de la Nación Unidad Contra el Crimen Organizado, un falso testigo informo que con su versión se logró la captura de 17 cabecillas y más de 100 personas de segundo y tercer
nivel.
Fueron más de cuatro mil millones de pesos
4.000.000 que se registraron en la ciudad de Medellín, que se entregaron por
este concepto, pero sus beneficiaron nunca recibieron estas sumas.
La política de recompensas en este sentido, viola
la constitución política de Colombia, ya que el individuo debe de acudir ante
los jueces en cumplimiento de su deber como ciudadano y el respeto de su
dignidad humana y no convertirse en un objeto que tiene un valor
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