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El 24 de noviembre de 2017, la ciudad de Medellín vivió una noche oscura y tenebrosa, alarmarte para los derechos de 255 jóvenes de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16, y en el resto de los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburra, cuando fueron capturados en la operación denominada ARTEMISA, que buscaba desarticular organizaciones al margen de la ley que tienen control territorial en esas zonas.

El despliegue mediático sobre esa política de represión fue un verdadero populismo punitivo, alimentando el ego de los mandatarios de turno de la Unidad Contral el Crimen Organizado de la Ciudad de Medellín de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Administración Municipal, pero sus consecuencias nunca se dieron a conocer a la opinión pública.

Personas inocentes o por delitos menores fueron procesadas, el sistema de la defensoría pública colapso, el derecho a una defensa técnica fue violentado, miles de antioqueños fueron desarraigados de su entorno familiar, social y cultural fruto del trasladándolos a otros centros carcelarios en otras regiones del país, por el hacinamiento que se presentaba en las 23 estaciones de Policía Nacional y los 3 centros de reclusión administrados por el INPEC, que negaba los cupos, se vivió una verdadera tragedia para los operadores de justicia.

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