El Terror Judicial Oculto en Medellín - Voces que Exigen Justicia y Protección
Por Alex Alberto Morales Cordoba (Defensor de Derechos Humanos)
Medellín, la "ciudad de la eterna primavera", esconde bajo su aparente progreso una sombra persistente y aterradora: la manipulación de la justicia y la instrumentalización de vidas humanas para fabricar "falsos positivos judiciales". Lo que se presenta como una lucha implacable contra el crimen organizado, en ocasiones, es una fachada para la corrupción, el desvío de recursos desde la Alcaldia de Medellín y la aniquilación de la verdad.
Desde hace mucho tiempo con la convicción de defensor de derechos humanos que ha visto de cerca este abismo, alzo de nuevo la voz para denunciar una red de impunidad que clama por atención, no solo de los medios, sino de las más altas instancias del Estado colombiano.
Mi lucha, que ha durado años y me ha costado amenazas a mi vida y mi libertad, se ha centrado en exponer cómo fiscales y funcionarios de la policía judicial han orquestado la creación de "falsos testigos". Personas en situación de vulnerabilidad, incluso inmersas en problemas de drogadicción, han sido coaccionadas, engañadas y sobornadas para incriminar a inocentes.
Hemos visto cómo se les prometen beneficios irrisorios, se les lleva a hoteles –hoteles, pagados con dineros de la Alcaldía de Medellín, donde se les ofrece droga como parte del macabro trato–, y se les fuerza a firmar declaraciones cuyo contenido ni siquiera conocen. Es una perversa maquinaria que no solo encarcela inocentes, sino que destruye la credibilidad del sistema judicial y atenta contra el Estado Social de Derecho y siembra terror entre quienes se atreven a denunciar.
Los testimonios son desgarradores. Juan Camilo Posada Tabares, en una queja juramentada ante la Procuraduría, reveló cómo fue presionado por fiscales como Daniel Tapias Ocampo, Andrés Cabrera, e incluso la exfiscal Claudia Carrasquilla Minami, para incriminar a quienes no conocía. Lo más escalofriante: el Fiscal Tapias Ocampo, sin pudor alguno, le manifestó su intención de "mandar a matarme, togado Alex Alberto Morales Cordoba" por haber descubierto la verdad sobre estas atrocidades. Esta amenaza directa, proveniente de un funcionario que debía garantizar la justicia, es una herida abierta en el corazón de nuestro Estado de Derecho.
Y entonces, el velo se rasga aún más. Las recientes revelaciones de José Leonardo Muñoz Martínez, alias "Douglas", EX - cabecilla de "La Oficina de La Terraza", son un eco estruendoso de lo que venimos denunciando. Sus afirmaciones sobre la relación de la exfiscal Claudia Carrasquilla Minami con el "manejo" de la Fiscalía y el pedido de "quitar denuncias" (¡incluyendo la mía!), así como su señalamiento sobre el desvío de recompensas , son de una gravedad inaudita.
El testimonio de alias "Douglas" no es un hecho aislado; se conecta directamente con las denuncias de aquellos testigos instrumentalizados. Es, de hecho, Henry Joany Cifuentes Ortiz, un testigo que ha sido utilizado y luego desprotegido por la Fiscalía, quien ha contado estos detalles de la apropiación de millones en recompensas por parte de funcionarios de la Fiscalia y Policia Judicial, dinero que debió ir a "testigos falsos" en el marco de la colaboración con la justicia.
Esto no es solo un caso de corrupción judicial; es una vergüenza nacional. La instrumentalización de seres humanos para fabricar realidades judiciales, la apropiación de fondos públicos disfrazados de recompensas, las amenazas directas a la vida de un defensor de derechos humanos, y la aparente complicidad de sectores de la policía judicial y la administración municipal, pintan un cuadro desolador.
Mi denuncia, la de otras fuentes - que por protección me reservo sus nombres porque ya han asesinado y desaperecidos a varios testigos falsos -, y ahora las revelaciones de José Leonardo Muñoz Martínez, alias "Douglas", no pueden seguir "engavetadas" en los despachos. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría tienen la obligación ética y legal de investigar a fondo este entramado. Exigimos que la Fiscal General asuma la competencia de este caso en Bogotá, garantizando una investigación imparcial y libre de las influencias que parecen permear Medellín.
Me pregunto ¿como hizo la señora Claudia Carrasquilla para contactar a "cuatro bandidos" y reunirse con ellos en un restaurante?, ¿posteriormente comunicarse con el señor José Leonardo Muñoz Martínez, alias "Douglas", en una video llamada por dos horas? y hacerle peticiones irregulares que se encuadran en delitos penales de suma gravedad.
Esta exposición de estos documentos y su contexto confirman que hay una red de corrupción judicial altamente sofisticada y con amplias ramificaciones políticas y criminales en Medellín. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón de "falsos positivos judiciales", instrumentalización de testigos, sobornos, amenazas, y la apropiación de recursos (recompensas) por parte de figuras que han ostentado o aún ostentan poder judicial y publico.
El hecho de que la Alcaldía de Medellín sea, presuntamente, el medio para alojar y reclutar a estos testigos falsos, y que se les provea de drogas, es una acusación de la más alta gravedad que indica una complicidad o, al menos, una permisividad institucional en el perpetuamiento de estas prácticas.
Para los valientes que han decidido contar la verdad, la empatía es el primer paso. Ellos no son simples "informantes" o "bandidos"; son víctimas de un sistema perverso que los usó y los desechó. Su dolor y su vulnerabilidad nos recuerdan la urgencia de proteger a quienes se atreven a romper el silencio.
Mi vida está en riesgo por defender la verdad, pero la impunidad es el verdadero veneno para la democracia. Si esta denuncia no es escuchada, si estos patrones de corrupción no son desmantelados, el "terror judicial" seguirá siendo una sombra sobre Medellín, destruyendo vidas y la confianza en nuestras instituciones. Es hora de que la justicia se quite la venda y actúe. El silencio no es una opción.
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