Por: ALEX ALBERTO MORALES CORDOBA
Usualmente nosotros, los ciudadanos
comunes y corrientes nos escandalizamos por los grandes personajes sádicamente
violentos que presentan los medios de comunicación, pero poco o nada nos trastornan
con los individuos sociópaticos con los que hemos tenido la oportunidad de
relacionarnos en la vida pública, o votar por ellos y que en los actuales
momentos se encuentran ejerciendo cargos de poder.
Este hecho hace que estemos
presenciando verdaderamente un escenario catastrófico en las instituciones del
poder del Estado, tanto a nivel local, como nacional, requiriendo una
intervención urgente, pues, el Estado entro en una condición de cuidados
intensivos.
Es una endemia política dirigida
por verdaderos psicópatas del poder, enfermedad hospedada en nuestro país a lo
largo de décadas de violencia, con múltiples variaciones estacionales,
recordemos solo algunas mentiras patológicas presentadas por ellos: el
plebiscito del 57, los estados de sitio y conmoción interior, el asesinato de
los militantes de la U.P., la toma del Palacio de Justicia, los temas de
sometimiento a la justicia de los extraditables, los procesos de paz con las
milicias populares, la políticas neo liberales adoptadas e impuestas con mayor
rigor cuando entro en vigencia la
Constitución de 1991 y sus 37 reformas constitucionales, el tema de
desmovilización de los paramilitares, la reelección presidencial, los casos de
Agro Ingreso Seguro, Interbolsa, Saludcoop, Fidupetrol, Odebrech, entre otros, pero
el que si pone en crisis a la institucionalidad en general y de muerte, es la
corrupción a la Justicia Colombiana, recordar el magistrado de la Corte
Constitucional, Fiscal Anticorrupción que vincula a congresistas, magistrados
de las altas cortes, precandidatos presidenciales, gobernadores, alcaldes, hasta el ministerio público, es decir, todas y cada una de las ramas del poder
público.
Esto dio para que muchos enfermos
mentalmente, psicópatas, empezaran a proponer una nueva constituyente, pero
este remedio no es para nada descartable; lo descartable es quienes hacen esa
propuesta y con qué intereses mezquinos la realizan.
Los psicópatas de la ultra
derechas, la proponen con el fin de la reelección de las políticas de seguridad,
con contenidos autoritarios; los xenofóbicos psicópatas de ideologías
conservadoras con el objetivo de coartar las libertades especialmente en
comunidades más vulnerables por ejemplo las del LGTBI, y los mecanismos de
protección, como la tutela, los psicópatas hijos de los sucesores y herederos
de las familias tradicionalmente arraigadas en el poder la buscarían para no
permitir los cambios y mantener el status quo.
Estos individuos carentes de
emociones, sin miedo, depravados que no
respetan nuestro ordenamiento jurídico y la esencia de nuestro Estado Social
de Derecho, son verdaderos criminales, que representan la materialización de
los hechos más monstruos y dañinos que ha vivido nuestra sociedad y las
desgracias que viven millones de colombianos en estados de indigencia, pobreza,
miseria y abandono Estatal.
La conducta criminal ejecutada por estas personas
organizadas en verdaderas estructuras jerarquizadas para concertase con el fin
delinquir, es lo que se califica como corrupción estatal, en todas sus
modalidades, es el delito de mayor predeterminación para causar daño, el más
atroz que puedan vivir los asociados en un Estado, porque es la que genera la
desigualdad, la falta de oportunidades, la inequidad, la violencia y sus daños
colaterales, es decir, es el delito que afecta a los 50 millones de colombianos,
nos cuesta más de 53 billones de pesos y
vulnera diferentes bienes jurídicos protegidos por el Código Penal.
Malhechores
psicópatas, calificados por la doctrina penal moderna como los verdaderos delincuentes
comunes, que debe soportar todo el peso de la justicia ordinaria, sin
consideración, porque son personas con una actitud pretenciosa, sin miedo, ya
que creen que las reglas ordinarias no rigen para ellos, tienen un apetito
insaciable para satisfacer sus intereses individuales, y una tendencia hacia el
sadismo, características que los convierte en un peligro para la sociedad y como
consecuencia deben ser aislados en
centros de reclusión.
Por desgracia la política
criminal colombiana, estratégicamente bien dirigida por estas mismas personas, no
permiten las sanciones ejemplarizante que se necesitan, por el contrario son
beneficiarios y premiados por la jurisdicción colombiana.
Comments