Título: Inteligencia pública: riesgo para la paz y la justicia
Por: Alex Morales
La llamada "inteligencia pública", promovida por el presidente Gustavo Petro para enfrentar el nuevo paramilitarismo, busca abrir el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana. Pero su aparente nobleza esconde peligros jurídicos y políticos que amenazan el Estado de Derecho y los procesos de paz.
Cuando se difunden datos sin verificar, se rompe el debido proceso, se estigmatiza sin sentencia y se expone al escarnio público a ciudadanos sin garantías judiciales. La historia reciente lo confirma: más de 3.000 personas hoy están privadas de su libertad en Colombia por acusaciones basadas en falsos testigos y versiones mediáticas sin sustento.
Permitir que portales o voceros populares actúen como fiscales sin toga y jueces sin ley abre la puerta al "vigilantismo digital", al uso político de la información y a la polarización social. Esto, lejos de contribuir a la paz, dinamita el diálogo, fractura el tejido social y sabotea escenarios de reconciliación.
El combate al crimen no puede hacerse desde el rumor ni desde el linchamiento moral. Si el Estado pierde el control del debido proceso, pierde también su autoridad moral para exigir justicia. La inteligencia, para ser eficaz, debe ser legal, verificable y respetuosa de los derechos humanos.
Advertencia clara: la inteligencia pública se ha convertido en la génesis de los falsos positivos judiciales. Y con ello, en un obstáculo más para la paz que tanto se proclama.
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