Violaciones Silenciadas: Cuando la Justicia se Detiene en las Fronteras

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Violaciones silenciadas: cuando la justicia se detiene en la frontera diplomática

En medio del ruido mediático por la “descertificación antidrogas” al gobierno de Gustavo Petro, hay una verdad que permanece enterrada bajo capas de silencio institucional y conveniencia diplomática: los abusos cometidos por soldados estadounidenses en territorio colombiano.

Entre 2003 y 2007, durante la ejecución del Plan Colombia, al menos 53 menores de edad fueron violadas por militares y contratistas norteamericanos en Melgar y Girardot, zonas cercanas a la base de Tolemaida. Los abusos fueron grabados y vendidos como material pornográfico. No se trata de rumores ni de propaganda: esta denuncia aparece en el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, elaborado por expertos del gobierno y de las FARC en el marco del proceso de paz.

Pero lo más grave no es solo el crimen, sino la impunidad. Ninguno de los responsables fue juzgado en Colombia. ¿La razón? Los acuerdos bilaterales garantizan inmunidad diplomática a los funcionarios estadounidenses. La justicia se detiene en la frontera, y el Estado colombiano —por cálculo o por subordinación— calla.

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Mientras tanto, Colombia sigue pagando con muertos la guerra contra las drogas. Policías, soldados, campesinos y líderes sociales caen en zonas de erradicación, mientras Estados Unidos entrega fondos que no compensan el sacrificio nacional. En 2024, la ayuda fue de 450 millones de dólares, y en 2025 bajó a 380 millones, justo después de retirar la certificación. ¿Es eso proporcional al costo humano?

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La descertificación no es técnica, es política. No se ha descertificado al Estado colombiano, sino al gobierno de Petro, en plena coyuntura electoral. Es un mensaje que busca sembrar miedo, debilitar la narrativa soberana, y desviar la atención de una pregunta urgente: ¿Quién está dispuesto a replantear de verdad esta guerra?

Colombia no puede seguir aceptando una cooperación que exige sangre pero no responde por sus crímenes. No puede seguir siendo aliada estratégica en lo operativo, pero subordinada en lo judicial. La justicia no puede tener pasaporte.