“Cuando la seguridad agrede la memoria: Medellín, 7 de octubre de 2025”
Por: Alex Alberto Morales Córdoba – Abogado defensor de derechos humanos
El 7 de octubre de 2025, Medellín fue testigo de una jornada que debía ser de recogimiento, memoria y dignidad. Ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales se reunieron para rendir homenaje a las víctimas civiles de la Franja de Gaza y a los muertos del atentado en el concierto en Israel. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en una escena de violencia institucional, provocación política y abuso de poder.
La orden que desató la violencia
La intervención violenta fue ordenada por el entonces subsecretario de Seguridad de Medellín, el general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón, quien impartió instrucciones directas a los gestores de convivencia para actuar en el espacio público. Estos funcionarios, cuya función legal es la mediación y prevención, se comportaron como fuerza de choque: golpearon manifestantes, intimidaron periodistas y desataron una ola de agresiones que vulneró derechos fundamentales.
La orden se dio en el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo el pretexto de “controlar alteraciones”. Pero los registros audiovisuales y testimonios muestran que la violencia fue provocada por los gestores, no por los marchantes.
Un funcionario con antecedentes cuestionables
El general Ruiz Garzón había sido retirado de la Policía Nacional junto con el teniente coronel Yair Morales Neira Director de la Sijin, famosos por mentirles a la ciudad, tras el escándalo por la supuesta captura de alias Manolo, que en realidad fue una entrega voluntaria, buscando el pago de la millonaria RECOMPENSA . La versión oficial fue desmentida por evidencia pública, y su retiro se dio en medio de cuestionamientos éticos. Su llegada a la Secretaría de Seguridad reactivó un enfoque militarizado que contradice los principios de seguridad humana y convivencia ciudadana. https://www.facebook.com/watch/?v=208496924383903 (Video Entrega de Manolo) (¿la comunidad deberia preguntar, en que termino ese caso?)
https://x.com/i/status/1413290022405648387 (pronunciamiento del Fiscal General)La amenaza política
Durante la intervención, el concejal Andrés “el Gury” Rodríguez, del partido Centro Democrático, apareció en la escena portando un bate de béisbol. En videos ampliamente difundidos, se le observa amenazando a manifestantes y periodistas, en un acto que configura incitación a la violencia y abuso de poder. Su conducta fue repudiada por organizaciones de derechos humanos, y se espera que la Procuraduría y la Fiscalía actúen frente a estos hechos.
La responsabilidad institucional
La Alcaldía de Medellín justificó la intervención como “uso diferenciado de la fuerza”. Pero los gestores de convivencia no son fuerza pública. No pueden disolver manifestaciones ni ejercer coerción. Su actuación excedió cualquier protocolo legal, y la orden impartida por el general Ruiz Garzón debe ser investigada por los entes de control.
La protesta pacífica está protegida por la Constitución. La memoria de las víctimas no puede ser criminalizada. Y la seguridad no puede convertirse en amenaza.
Cierre: la dignidad no se negocia
Lo ocurrido el 7 de octubre no fue un exceso aislado. Fue el resultado de una cadena de decisiones erradas, de una cultura institucional que confunde autoridad con intimidación, y de una política que agrede la memoria y la protesta.
Como abogado defensor de derechos humanos, exijo que se investigue, se sancione y se repare. Porque la dignidad de los marchantes, la libertad de prensa y la memoria de las víctimas merecen justicia, no represión.
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